El caso de corrupción que envuelve a la Federación Española de Taekwondo vuelve a ser noticia. El organismo nacional ha pedido al juez del caso que analice en detalle sus informes contrarios a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Este reclamo ya se realizó por primera vez en enero, poco después de la inhabilitación temporal de Jesús Castellanos. En aquel momento, el propio presidente de la Federación y el resto de implicados exigieron una prórroga al juez por el mismo motivo. Ahora, tras la reacción negativa de los denunciantes, que lo consideran una «estrategia» para alargar el proceso, han vuelto a hacer la solicitud al juez.
Los informes que presentó la UDEF mostraban como la Federación Española presentó facturas falsas y, posteriormente, la Policía consiguió conversaciones entre los implicados en las que admitían haber manipulado las cuentas. En este sentido, desde el inicio del caso, a los implicados se les incautó los móviles. Actualmente, junto a la demanda de prórroga, también exigen la devolución de los mismos.
A pesar de estas pruebas, Castellanos considera que todo lo que se está investigando se realizó bajo la más estricta legalidad. Para fortalecer esta defensa, sostienen que el Consejo Superior de Deportes (CSD) supervisó todos los movimientos de la federación y, por ello, piden que el organismo traslade al juez todos los expedientes tramitados entre 2008 y 2017.
Con esta prórroga, el proceso, que ya lleva 5 años abierto, se alargará varios meses más. En un principio, el fiscal debía pronunciarse, pero, debido a las continuas prórrogas solicitadas por los acusados, todavía no ha podido dar su palabra sobre el caso. La acusación particular, como se ha expuesto anteriormente, cree improbable que se vaya a aportar nueva información que ponga en duda los informes de la UDEF.
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