Menos de 8 meses han transcurrido desde la toma de posesión de Pedro Pablo Barrios al frente de la RFEP. El directivo, junto a toda su comisión, se verán sometidos a una moción de censura que pone en peligro su continuidad en la Federación.
Hasta siete Federaciones Autonómicas (Asturias, Baleares, Cantabria, Ceuta, Galicia, Madrid y País Vasco), junto a un gran número de clubes, deportistas y miembros de distintas asambleas, ponen en común la parte crítica que se ha resuelto con la propuesta de Javier Hernanz como nuevo presidente de la Federación. Antes del mes de diciembre está calculada la resolución del proceso electoral, el cuál queda sujeto a una moción de censura que, tras varios intentos fallidos en anteriores ocasiones, se materializa tan sólo dos meses y medio después de los Juegos de Tokio.
El equipo nacional, con un amplio número de piragüistas, acudió a la capital nipona tras un ciclo lleno de polémica. Destacando los continuos cambios en las normas del selectivo, la formación del equipo K4, la falta de transparencia en los criterios, incluso criticada por varios deportistas públicamente, o la llegada a la prensa de diferentes malentendidos entre compañeros, son algunas de las trabas que han manchado la trayectoria de uno de los deportes punteros en nuestro país. A pesar de todo, la Federación salió de la cita olímpica con tres medallas (2 en sprint y 1 en slalom), si bien es cierto que el resultado final dejó un sabor agridulce a muchos aficionados y entendidos en la materia por las opciones que se podrían haber materializado.
Hernanz vuelve a la carga tras haber sido vencido por el propio Barrios en las últimas elecciones; en esta ocasión, el desenlace se producirá tras la ya mencionada moción de censura que confirma, otra vez más, la persistente tensión que se respira en los despachos del piragüismo español.
