El pasado viernes, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, confirmó que Cataluña estaría dispuesta a colaborar con el resto de territorios como es el caso de Aragón. Sin embargo, puso sobre la mesa un matiz fundamental, anunciando que únicamente compartirían candidatura para llevar a cabo las pruebas en las que Cataluña no tenga capacidad de albergar, como el esquí de fondo entre otras disciplinas.

Vilagrà quiso dejar claro que Cataluña es “la que tiene el peso y la marca de país deportivo”, justificándolo por la importancia del Pirineo Catalán y de la ciudad de Barcelona en el desarrollo de esta cita olímpica con la mayoría de disciplinas en territorio catalán.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se reunirá con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, la próxima semana para exigir que sea una candidatura conjunta e igualitaria. El Departamento de la Presidencia del Gobierno de Aragón afirmó que no participarán en un proyecto en el que no esté en igualdad de condiciones con Cataluña en todos los aspectos.

En medio de este conflicto político-deportivo, el Comité Olímpico Español (COE) se perfila como el organismo con más peso en la candidatura, o al menos, quien debería tenerlo. Su presidente, Alejandro Blanco, ve indispensable la presencia de Aragón en una candidatura olímpica que se presenta como un proyecto ganador, esperando que a corto plazo el Comité Olímpico Internacional (COI) también lo entienda así.

El objetivo de la Generalitat es celebrar unos Juegos Olímpicos sostenibles y aprovechar todo el territorio, sin tener que construir nuevas infraestructuras como grandes villas olímpicas o recintos para celebrar las distintas pruebas deportivas, sin que tengan asegurado un uso a largo plazo.

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