La Fiscalía de Alicante ha solicitado ante el juez un total de 12 años de prisión para Jesús Castellanos, actual presidente de la Real Federación Española de Taekwondo. La acusación del fiscal reúne varias penas constituyentes de corrupción y fraude, junto a más de 2 millones de euros entre deudas e indemnizaciones y una total inhabilitación de cargos deportivos.
Según fuentes cercanas a La Olimpipedia y tal y como ha adelantado Onda Cero, la Fiscalía ha pedido la condena para varios directivos de la Federación Española de Taekwondo investigados a raíz de haber incurrido en diversos delitos administrativos.
En diciembre de 2021, el propio Jesús Castellanos fue inhabilitado durante cuatro meses tras concluir el expediente abierto por la denuncia de Eugenio Granjo después de las últimas elecciones presidenciales. El caso fue prosperando hasta que en abril de este año se solicitó al juez responsable que analizase en detalle sus informes contrarios a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En ellos se mostraban como la Federación Española presentó facturas falsas y, posteriormente, la Policía consiguió conversaciones entre los implicados en las que admitían haber manipulado las cuentas. En este sentido, desde el inicio del caso, a los implicados se les incautó los móviles.
Desviación de fondos, fraude en financiaciones, amaño de facturas o malversación de fondos públicos son algunas de las causas por las que se abrió el proceso hace seis años contra Jesús Castellanos y otros directivos como Victoriano Pizarro, quien fuera presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana.
En mayo, tras la nueva prórroga del caso, restaba por conocerse la postura del fiscal ante las distintas pruebas y los informes de la UDEF. Finalmente, y a la espera de lo que dicte el juez, la Fiscalía de Alicante solicita hasta 12 años según han adelantado fuentes cercanas al caso a La Olimpipedia. Además, el propio Jesús Castellanos tendría que hacer frente a varias indemnizaciones tanto a entes públicos, como el Consejo Superior de Deportes, como a particulares, como el padre de Jesús Tortosa por la beca ADO que se expropió la RFET en la temporada 2015-2016. Otros cargos como el secretario general José María Pujades también tendrían que enfrentarse a duras sanciones económicas, a falta de la sentencia final del juez y en una época en la que la selección española afronta el tramo final del año (Campeonato del Mundo, 13-20 noviembre [Guadalajara] • Grand Prix Final, 9-10 diciembre [Riyadh]).
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